La inminente firma de un contrato de pasaportes por casi $600.000 millones entre la Cancillería de Colombia y Thomas Greg & Sons para la licitación de pasaportes, programada para el 4 de marzo, ha desatado una controversia en el Gobierno, evidenciando diferencias entre el Ministerio de Hacienda y la Cancillería sobre la financiación del proyecto.
Contexto: El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha asegurado que los fondos para la licitación están disponibles y que un certificado de disponibilidad presupuestal es necesario para llevar a cabo la licitación. Sin embargo, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, ha argumentado que no existe tal certificado, lo que ha añadido tensión a la situación.
#Comunicado l Ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio. @ricardobonillag pic.twitter.com/KhalUSp4iK
— MinHacienda (@MinHacienda) February 28, 2024
La discrepancia ha surgido en un momento delicado, ya que el presidente Petro ha expresado objeciones al contrato, mientras que el proceso licitatorio ha sido criticado por su manejo y la adjudicación a Thomas Greg & Sons. La situación se complica aún más con la admisión por parte del secretario general José Antonio Salazar de haber actuado sin consultar, contraviniendo las instrucciones del canciller encargado, lo que ha llevado al presidente a calificar a Salazar de «traidor» y ordenar su destitución.
No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto.
El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos. https://t.co/GsWAKYmxOe
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2024
El ministro Bonilla ha señalado la posibilidad de que la información sobre la disponibilidad presupuestal haya sido ocultada o malinterpretada, lo que plantea preguntas sobre la transparencia y la gestión del proceso licitatorio. La controversia se centra en la validez del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) utilizado para reabrir el proceso licitatorio, ya que el proceso original fue declarado desierto y el CDP asociado caducó al finalizar 2023.
Polémica por contrato de pasaportes
Panorama general: Este choque entre altos funcionarios del Gobierno destaca la complejidad de la gestión de proyectos de gran envergadura y la importancia de la claridad y coordinación entre diferentes entidades gubernamentales. Mientras el debate continúa, la firma del contrato queda en suspenso, dejando en el aire el futuro del proyecto de licitación de pasaportes y subrayando la necesidad de resolver las discrepancias internas para avanzar.
La Cancillería insiste en que, a pesar de las afirmaciones del ministro de Hacienda, no existe un respaldo presupuestal adecuado para proceder con la adjudicación del contrato, lo que subraya la necesidad de una revisión exhaustiva y transparente del proceso para asegurar que se cumplan todas las normativas y requisitos financieros. La situación pone de relieve los retos que enfrenta el Gobierno en la implementación de contratos públicos y la importancia de la cohesión interna para el éxito de tales iniciativas.
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