La Corte Constitucional está evaluando si sanciona o aplica alguna acción para evitar el incumplimiento de las recomendaciones y cumplimiento sobre el estado de cosas inconstitucional en el caso del sistema penitenciario.
El vicepresidente del Alto Tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, precisó que de 120.000 privados de libertad en todo el país, solo 259 están condenados por incesto y 99 por inasistencia alimentaria, entre otros delitos de menor cuantía, que no representan ni el 0,001%.
Confía en que el problema pueda ser resuelto en el corto plazo, pero advirtió que muchas veces «se obedece, pero no se cumple».
Comentó que los custodios de centros de reclusión transitorios no están formados para ello, porque esos recintos están diseñados para detención por apenas 36 horas y algunos permanecen por meses o años.